Una denuncia sobre prácticas inequitativas en la distribución publicitaria, el acceso a la información pública y el trato a periodistas independientes.
por Primitivo Gil
Santo Domingo Este,RD.- El municipio más poblado del país, atraviesa una preocupante situación en torno a la libertad de prensa y el trato equitativo a los medios de comunicación locales. Comunicadores y periodistas de esta demarcación han denunciado un patrón sistemático de exclusión, presiones indirectas y falta de acceso a recursos públicos, lo que constituye una amenaza para la pluralidad informativa y el derecho ciudadano a estar bien informado.
Uno de los principales señalamientos gira en torno a la distribución del presupuesto publicitario de la Alcaldía, el cual —según fuentes del sector y registros disponibles— beneficia en más de un 90% a medios y comunicadores ajenos al municipio, dejando fuera a gran parte de los actores locales. Esta situación no solo resulta desigual, sino que contradice el principio de equidad territorial y el deber de apoyar el ecosistema mediático donde opera el gobierno local.
Aunque no existe una disposición legal que prohíba la contratación de medios externos, el manejo concentrado y excluyente de estos fondos públicos afecta el desarrollo y sostenibilidad de la prensa independiente en SDE, sobre todo cuando estos recursos son utilizados como mecanismo de premio o castigo según el contenido editorial. Varios periodistas han reportado que, tras emitir críticas legítimas sobre la gestión municipal, han sido marginados o excluidos de oportunidades de colaboración o publicidad institucional.
La persecución indirecta mediante procesos judiciales, exclusión de coberturas y obstáculos administrativos también ha sido denunciada por sectores del periodismo local. En este contexto, se destaca el caso del comunicador Fernando Buitrago, quien ha enfrentado múltiples acciones legales relacionadas con sus investigaciones y publicaciones sobre la gestión municipal. Aunque estos procesos no han derivado en condenas, el costo humano, económico y profesional de atender estos litigios representa una forma de desgaste e intimidación para los periodistas independientes.
Además, persisten denuncias sobre bloqueos en el acceso a la información pública, una herramienta fundamental garantizada por la Ley 200-04. Según periodistas locales, las solicitudes de datos oficiales muchas veces no reciben respuesta o se enfrentan a trámites burocráticos dilatorios, obstaculizando la labor investigativa.
En medio de este escenario, llama la atención el silencio de gremios como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que no han emitido pronunciamientos firmes ni han asumido una defensa activa de los comunicadores afectados. Esta inacción gremial ha sido interpretada por algunos como una forma de complicidad o temor frente a las autoridades municipales.
La concentración del poder comunicacional, las represalias económicas, las demandas judiciales y la omisión institucional configuran un entorno adverso para la libertad de expresión y el periodismo independiente en Santo Domingo Este. Esta situación demanda atención urgente por parte de las autoridades nacionales, defensores de derechos humanos y organismos de vigilancia institucional.
La democracia local no puede sostenerse sin una prensa libre y plural, capaz de fiscalizar y contribuir al debate público con independencia. Garantizar el trato justo a los medios locales no es una dádiva, sino una obligación ética y democrática de toda administración pública.
